Falta solo un mes para que el excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, comparezca por ante la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago para "tratar asuntos con relación a la prueba de ADN" a la que decidió someterse para comprobar si es el padre de un adolescente, según denuncia su madre.
De acuerdo con su equipo de prensa, Martínez fue quien solicitó someterse a esa prueba ante la imputación de la señora Keire Vargas de que tiene un hijo de 13 años y que su padre es el exdiputado, quien, según ella, "lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenazas".
La cita está pautada para el próximo 9 de octubre. Para tales fines, las autoridades requieren el acta de nacimiento del menor y la cédula de identidad de ambas partes.
A propósito, en el país existen varios laboratorios que ofrecen el servicio mediante métodos precisos para identificar una posible relación entre padre o madre y su hijo, a un precio que puede superar los 20,000 pesos, dependiendo del tipo de prueba.
Existen pruebas de paternidad para conocimiento e información personal y para ser utilizada en un procedimiento judicial, como es el caso de Martínez. Estas se conocen como Prueba Privada, personal o confidencial, y Prueba Legal, para uso judicial u otros.
Aunque existen más de 10 formas de tomar las muestras, los métodos más exactos son los de sangre y mucosa oral (saliva), los cuales son implementados en el país por los laboratorios Referencia, Amadita y Patria Rivas.
La muestra de mucosa oral se obtiene directamente de las personas a analizar, mediante un frotis bucal realizado con bastoncillos de algodón que se introducen en la boca y se frota por el interior de la mejilla.
En su página oficial, Referencia explica que al momento de hacer el estudio deben estar presentes el supuesto padre, el hijo y la madre (siempre que sea posible).
"Preferiblemente todas las personas que serán estudiadas deben tomarse la muestra el mismo día en la cita. Es importante que todos los involucrados observen el proceso", puntualiza. Esto evitaría malentendidos sobre si se le tomó la muestra a la persona correcta.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este martes a República Dominicana que «resulta imperiosa» una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva y que mejore la eficiencia del gasto, sobre todo con una reducción de los subsidios al sector eléctrico. De esta manera, se creará espacio para el necesario gasto en desarrollo (incluyendo en infraestructuras resilientes a los desastres) con miras a promover el crecimiento inclusivo, precisó el directorio ejecutivo del FMI en un documento publicado en el país por el Banco Central (emisor) dominicano.
Tras destacar la «fuerte recuperación» de la economía local tras la pandemia, el organismo crediticio internacional señaló que, a corto plazo, las prioridades en materia de políticas «deben permanecer enfocadas en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, las cuales incluyen incrementar la flexibilidad del tipo de cambio».
Es preciso continuar priorizando las medidas orientadas a agilizar la recapitalización del Banco Central con el fin de reforzar su autonomía y deben proseguir los esfuerzos para profundizar el mercado cambiario, añadió el FMI, que insiste desde hace años en la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana, proyecto que forma parte del plan del Gobierno actual, pendiente de presentar una iniciativa en este sentido.
De hecho, a solos dos meses de asumir el poder por primera vez y en medio de la pandemia por la covid-19, el presidente dominicano, Luis Abinader, presentó un plan con nuevos impuestos para afrontar la crisis, pero terminó retirándolo debido a las críticas.
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Plantear la necesidad de un referéndum aprobatorio para la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, es para la oposición política, una forma de “entorpecer” el proceso de modificación de la Carta Magna. Esto según el senador Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral designada para estudiar el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución y ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, sometido por el Poder Ejecutivo.
Su comentario es en el marco de los legisladores que advierten que para preservar la fórmula de los períodos constitucionales para la presidencia de la República, cualquier modificación a la Ley Suprema, ya sea por adición, supresión o alteración, no debe llevarse a cabo sin la aprobación del pueblo mediante un referéndum.
En cuanto a los juristas constitucionalistas que piensan de esta manera y que participaron en la reunión que hizo la comisión del pasado lunes, Catrain afirmó que respeta el criterio de ellos, pero no comparte esa posición. Recordó que la Comisión de Venecia en el 2019, que reunió a los mayores expertos constitucionalistas del mundo, establece que no es necesario un referéndum cuando no se violan derechos fundamentales.
“Lo que quiere el presidente Luis Abinader con la cláusula pétrea, es que un presidente en el ejercicio del poder no pueda prolongarse más allá de dos periodos. Y eso lo único que afecta es la alternancia, no el derecho al voto ni el derecho a ser elegido, por tanto, no se requiere el referéndum para este caso”, dijo.
El representante de Samaná en el Senado considera que la reforma constitucional que se discute ahora es la más importante de la historia de la República Dominicana, porque es para el jefe de Estado establecerse límites.
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Desde este viernes 13 de septiembre hasta el 28, el Senado de la República estará recibiendo las documentaciones de los aspirantes a conformar la nueva Junta Central Electoral, según anunció la comisión especial que se encargará de estudiar los expedientes y entrevistar a los candidatos. El senador Julito Fulcar, quien preside la comisión especial, presentó el cronograma de trabajo que desarrollan e indicó que a los aspirantes deben presentar certificado de no antecedentes penales y que se le realizará la prueba antidoping.
Dijo que desde hoy hasta el jueves publicarán en dos periódicos de circulación nacional y en las redes sociales institucionales, todo lo relativo a la convocatoria para que los aspirantes puedan iniciar el proceso de postulación, de manera virtual o presencial, a través del departamento de coordinación de comisiones de la Cámara Alta.
Concluido estos tres días, del 13 a 28 estarán recibiendo los documentos y el 30 de este mes realizarán una reunión para revisión y clasificación, para determinar si califican para ser postulantes a miembros de la JCE
Los interesados pueden depositar documentos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves y viernes de 9 a 12 del mediodía.
Fulcar puntualizó que para ser presidente de la JCE se requiere ser licenciado o doctor en derecho con más de 35 años de edad, entre otros requisitos contenidos en la ley del régimen electoral.
Para la evaluación, los postulantes serán entrevistados según el orden alfabético y se realizarán 30 entrevistas diarias, 15 en la mañana y 15 en la tarde.
El legislador recordó que la ley electoral da un plazo de 60 días a partir del inicio de la segunda legislatura del 16 de agosto para seleccionar los miembros de la JCE, y que están en los plazos correspondientes para escoger para desarrollar el proceso.
Además de Fulcar, la componen la integran Antonio Taveras, vicepresidente, y los senadores, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao, María Mercedes Ortiz, Félix Bautista, Daniel Rivera, Franklin Romero y Aracelis Villanueva.
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El ministro de Energías y Minas, Joel Santos Echavarría, aseguró este martes que el gobierno estima hacer una inversión anual de unos 300 millones de dólares para fortalecer las redes de distribución locales, desde el año que viene, en la búsqueda de responder a las demandas del sector eléctrico y disminuir la brecha de apagones. “Hay que seguir trabajando todo lo que tiene que ver con la transmisión, seguir realizando las inversiones de lugar y claramente, como ha sido expuesto, ya hay un plan definido para atacar lo que tiene que ver con las inversiones requeridas en el area de distribución”, señaló.
Por sus palabras, el componente de generación es muy importante, sobre todo que la demanda viene creciendo, pero es un proceso que se está trabajando con las inversiones pautadas con el objetivo de eliminar los apagones.
Aunado a esto, indicó que el país se encamina a convertir el 25% de toda la energía que genera en renovable, hacia el año 2025, así como la conversión de un 30% de la misma para el 2030.
De acuerdo a lo dicho por Santos en la reunión Internacional Solar Alliance (ISA), que afirmó se realiza en busca de fortalecer las alianzas que permitan impulsar la energía verde y, particularmente, la energía solar, en los distintos países de América Latina y el Caribe, República Dominicana cuenta con casi 1,200 megavatios de energía renovable instalada.
Además, se están trabajando e impulsando 27 proyectos, algunos que están en proceso de construcción y otros están en proceso de permisología, que serán los que van a agregar en los próximos años otros 1,500 megavatios, el doble de la cantidad de energía alternativa en el país
“República Dominicana que cuenta ya con casi 1,200 megavatios en energía renovable. Buscamos trabajar de la mano para unir los 27 proyectos queremos tenemos en proceso de construcción que en los próximos años podrá reunir otros 1,500 megavatios lo cual duplicará la energía solar en el país”, manifestó Echavarría minutos antes de iniciar la reunión con los representantes de los distintos países en energía solar.
El ministro, también hizo énfasis en que se necesitará integrar la tecnología de las baterías, con el interés de mantener la energía renovable durante las horas pico, mismas que ya se están requiriendo y fueron aprobadas con anterioridad para fortalecer la producción de la energía.
“Con el objetivo de poder integrar la energía renovable en las horas pico, que ese es uno de nuestros temas más importantes, pues se necesitaría la tecnología de las baterías y se está ya requiriendo, algunas fueron aprobadas anteriormente, pero se está requiriendo de que el 30% de la capacidad instalada tenga batería, para fortalecer la producción de energía”, señaló el funcionario.
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El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) exigió explicaciones al Gobierno sobre la supuesta suspensión del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo. La petición de la organización no partidista ocurre luego de anunciarse el cierre del acuerdo de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, pero continúa en la práctica.
“Se espera, dijo, que en las próximas horas el Gobierno ofrezca una explicación clara de las razones por las que se continuó ejecutando la transacción, aunque fue cerrada desde octubre del año pasado”.
En nota de prensa, el movimiento considera que la población debe conocer el nivel de ejecución del contrato, pagos realizados y las razones de entregar el control a una empresa cuestionada por el Gobierno.
La Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el trato con Transcore por un monto superior a los RD$1,300 millones de pesos en octubre del 2023, luego de identificar irregularidades.
Entre ellas, que esa entidad fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era empleado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), organizador del proceso.
Mientras, la entidad filial de Transparencia Internacional en este país considera que resultan superficiales los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa.
No llenan, dijo, las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.
Un comunicado del Consejo Nacional de Transparencia Internacional afirmó que la sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar contratos de esa naturaleza que envuelven miles de millones de pesos.
Luego del escándalo, apreció, caen en el olvido de los medios”.
Participación Ciudadana indicó que de igual manera el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones iniciadas.
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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) destinó RD$ 624,495,464 en su gasto anual para auditorías externas a entidades gubernamentales, pero tras ocho meses, no ha habido ninguna publicación. La última auditoría efectuada y difundida por el órgano de control externo se llevó a cabo en el mes de octubre de 2023. Desde esa fecha, la entidad ha estado inmersa en conflictos internos que han requerido la intervención del Congreso de la República.
Al menos 242 empleados de la Cámara de Cuentas están supuestos a dedicarse al levantamiento de auditoría y elaborar informes sobre las ejecuciones presupuestarias y el gasto estatal, que son responsabilidades centrales del órgano de control.
La Cámara destinó RD$ 97,265,924 a la oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio y RD$ 18,855,000.20 para auditorías, sin reportar resultados significativos.
A pesar de no publicar investigaciones financieras estatales en casi un año, el Pleno de la Cámara gastará este año RD$ 247,599,862 en sueldos y viáticos, equivalente al 14.8 % de su presupuesto total.
Los sueldos de los miembros del Pleno de la Cámara superan los de la mayoría de los funcionarios de otras instituciones del Estado. El presidente percibe RD$ 423,500, los vicepresidentes RD$ 379,097 y los asistentes departamentales entre RD$ 99,000 y RD$ 206,900.
El documento establece que las CCRD tienen un presupuesto de seguridad militar de RD$ 44,292,082, mientras que la oficina de Acceso a la Información consume RD$ 9,328,000.
El ente regulador maneja un presupuesto de RD$ 1,672,196,994.58. De este total, RD$ 1,524,248,087 provienen del Presupuesto General del Estado y RD$ 147,978,908 de acumulados de presupuestos anteriores, de acuerdo datos oficiales.
La CCRD tiene la importante función de fiscalizar los recursos y patrimonios estatales; sin embargo, desde octubre de 2023, esta responsabilidad, que conlleva un alto costo para el pueblo, no se está cumpliendo adecuadamente, así lo revelan sus propios informes.
A pesar de ello, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Administrativa y Comunicación Estratégica han supuesto gastos este año de RD$ 127,377,288.80, RD$ 146,379,250.00 y RD$ 44,456,501, respectivamente.
El órgano de control realiza diversas auditorías e investigaciones especiales, incluyendo auditorías financieras, de gestión, de cumplimiento, control previo y forenses. En algunos casos, recurre a firmas privadas para llevar a cabo estas auditorías. El objetivo principal es fiscalizar el gasto gubernamental y garantizar transparencia en su uso.
Hasta el momento, la Cámara ha limitado sus actividades externas a solicitar declaraciones patrimoniales de funcionarios al asumir, ratificar o cesar en sus puestos, que sean designados por el Ejecutivo o de elección electoral.
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45 países miembros de la ONU, entre ellos la República Dominicana, pidieron este martes ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela «ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país» y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones «las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención».
Entre los Estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la UE como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania, así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá.
Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio la situación ha empeorado con «detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad», indicó la declaración.
También hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad pero también por grupos de civiles armados conocidos como «colectivos», así como otros abusos que incluyen «la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González», exiliado en España.
«Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica», señaló la declaración.
Ésta también lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (lo que tuvo como efecto la expulsión del país de sus trabajadores en Venezuela el pasado mes de febrero) y reclamó que se reanude esta relación.
También solicitó que se permita ingresar a Venezuela a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, responsable de investigar abusos de derechos humanos en el país y que presentará su más reciente informe al respecto el próximo 19 de septiembre ante el mismo Consejo de la ONU
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó estos martes fuertes críticas contra el mandatario dominicano, Luis Abinader, a quien acusó de «ladrón» y de «robarle su avión». «Yo muy pendiente del debate esta noche, casi ya me voy p’allá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana, me voy p’allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo dominicano le pasará su cuenta en su momento», dice Maduro en un vídeo publicado en redes sociales.
«No me venga a poner una carita de yo no fui. Yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante cara cara. Así que no puedo ir al debate, lo lamento”, añadió.
Maduro explicó que, debido a la confiscación del avión, no pudo asistir al debate entre la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump pautado para este martes.
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En su misión para disminuir la vulnerabilidad educativa y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) distribuyó más de 67.7 millones de raciones alimenticias durante las primeras dos semanas de clases, las cuales fueron entregadas bajo un amplio programa de supervisión.
Durante estas dos semanas los estudiantes, junto con el personal docente y administrativo de las escuelas pudieron evidenciar las mejoras implementadas en el menú escolar, principalmente con la inclusión de guineos maduros a la hora del almuerzo.
"Alimentar cada día a prácticamente el 20 % de la población no es una tarea fácil y, a pesar de la complejidad que esto representa, hemos tenido un buen desempeño con incidencias mínimas, aunque estamos alerta para prevenir cualquier situación y hacer los ajustes que tengamos que hacer por el bien de toda la comunidad educativa", resaltó el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, al dar a conocer la información.
La Dirección de Gestión Alimentaria reportó que desde el lunes 26 de agosto hasta el viernes 6 de septiembre fueron distribuidas 36.7 millones de raciones de desayuno escolar, 14.6 millones de almuerzo para la Jornada Escolar Extendida, así como 795,147 raciones de alimentos en los centros educativos ubicados en zonas rurales y fronterizas.
A esto se adicionan 740,280 raciones crudas para los centros que cocinan en el plantel y 66,070 para el programa Oportunidad 14-24.
Además, entre las raciones se destacan las 14.6 millones de raciones de guineos maduros que se han ido entregando, como parte de la universalización de la entrega de frutas, único componente que faltaba en la alimentación escolar.
La entrega del PAE que realizan los suplidores contratados por Inabie en más de 6,908 centros educativos es supervisada activamente por un amplio equipo desde el primer día de clases.
Los promotores o supervisores tienen bajo su cargo la supervisión del PAE desde los centros educativos, reportan a la sede del INABIE las incidencias que pudieran ocurrir con la alimentación escolar. A la vez, de manera aleatoria, los peritos realizan jornadas de inspección en las cocinas, panaderías, almacenes y procesadoras de leche donde se preparan las raciones alimenticias para los estudiantes.
En tal sentido, Gestión Alimentaria informó que, en estas dos semanas, este personal ha realizado por disposición de la Dirección Ejecutiva 1,921 supervisiones e inspecciones y 6 análisis de laboratorio de las muestras.
A la par de las acciones que ejecuta el Inabie para garantizar la calidad del PAE, promueve el desarrollo de los comités de recepción a lo interno de los centros educativos, donde el director del plantel educativo junto con representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) y el personal docente y administrativo son veedores del proceso de alimentación escolar, para garantizar que los alimentos entregados por el suplidor se encuentren en condiciones óptimas para su consumo antes de ser ingeridos por los estudiantes.
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