Los diputados aprueban en primera lectura el proyecto de ley de alquileres

Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, una iniciativa que busca regular las condiciones y obligaciones jurídicas entre inquilinos y propietarios.
El proyecto es autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien anunció en medio de la sesión que la iniciativa será llevada a unas vistas públicas para que los diversos sectores sociales presenten sus observaciones sobre la propuesta.
Aunque no fijó una fecha específica para la consulta pública, dijo que el objetivo de las vistas es que "el país digiera bien todo lo que se menciona en el proyecto" y que, antes de aprobarse en segunda lectura, cuente con un amplio consenso.
La propuesta de ley, que fue aprobada tras los análisis de una comisión especial, establece una serie de novedades en materia de alquileres como los contratos de renta, los desahucios, la resolución judicial de conflictos entre propietarios e inquilinos, pago de gastos legales y los derechos y deberes de las partes.
El proyecto que aprobaron los diputados en una primera discusión establece, en su artículo 17, que el propietario de una vivienda estará facultado "para ejecutar un embargo retentivo" contra el inquilino que se retrase en el pago del alquiler y así garantizar el cobro de la deuda.
Según el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, los embargos retentivos "son medidas judiciales que permiten retener bienes o dinero de un deudor para asegurar el cumplimiento de una deuda o una obligación financiera pendiente".
Mientras que, el artículo 51 de la pieza, dispone que en caso de que el propietario de una casa o inmueble comercial desaloje a un inquilino por cualquier razón sin agotar el trámite judicial correspondiente, estaría enfrentando penas carcelarias que irían desde tres hasta los cinco años de prisión.
El artículo 52 establece que cualquier ejercicio temerario contra los inquilinos se debatirá en un juzgado y allí se impondrán las sanciones contra los propietarios. Si el supuesto abuso es cometido por un alguacil o un abogado, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría deberán debatir otras medidas disciplinarias.
La pieza aprobada en primera lectura detalla que cualquier conflicto o demanda relacionada con un alquiler será conocida por un juzgado de paz ubicado en el lugar donde se encuentre el inmueble.
La primera fase del proceso deberá intentar una conciliación entre el propietario y el inquilino, pero, si no llegan a un acuerdo, el juzgado de paz celebrará audiencias donde debatirá el caso y dictará una sentencia.
Sin embargo, los diputados blindaron el proyecto para que los procesos judiciales no sean extensos y, para ello, dispusieron un artículo que ordena a los jueces a tomar una decisión definitiva en 30 días. Si se exceden de ese plazo, la parte afectada podrá solicitar al Consejo del Poder Judicial una autorización para demandar al juez por denegación de justicia.
Antes de aprobar la pieza, el diputado Amado Díaz, quien coordinó los trabajos de análisis del proyecto, sostuvo que la iniciativa lleva como prioridad la conciliación entre ambas partes (inquilinos y propietarios) y una garantía dual "para que haya celeridad en los procesos sin violentar a nadie".
Díaz pidió a la ciudadanía que lea y consulte con claridad el proyecto ya que, como expresó, se busca aniquilar "la mala práctica" de que alguaciles, sin orden judicial, hagan desalojos que calificó como injustos.
 

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