Presidente del Senado y diputados se reúnen con la procuradora para consensuar Código Penal

El pasado viernes, el Poder Ejecutivo decidió convocar al Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria para intentar aprobar varios proyectos de transformación para leyes importantes.
Es por esta razón que el Senado de la República tenía programada para este lunes la primera sesión, en cumplimiento con el mandato del presidente Luis Abinader realizado a través del decreto 409-25.
Sin embargo, las diferencias que aún mantienen los congresistas sobre diversos artículos del proyecto de ley que busca reformar el Código Penal del país parecen haber impedido su desarrollo.
Ya que una comisión de la Cámara de Diputados, acompañada del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, está reunida con la procuradora general de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, para continuar consensuando la propuesta de transformación del marco penal.
Así lo confirmó el diputado Eugenio Cedeño, quien aseguró que la jornada de revisión realizada de manera conjunta con la PGR no tiene límites.
"Confirmado. Estamos reunidos sin límites, hemos tenido al presidente del Senado toda la tarde", respondió Cedeño a periodistas.
Diferencias
La magistrada Reynoso visitó el pasado jueves a los legisladores para manifestar la posición de la PGR sobre aspectos comprendidos a partir del artículo 300, que “tienen que ver con los abusos de las autoridades, temas sobre las agresiones sexuales a menores de edad y otros aspectos técnicos".
Esta información también fue compartida por el diputado Cedeño, debido a que la procuradora prefirió no emitir detalles sobre sus declaraciones ofrecidas en la mesa de trabajo legislativa.
Al dirigir ese mismo día la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que, además de solucionar con la PGR los "puntos medulares", modificarían “algunos errores involuntarios” registrados en el documento enviado por la Cámara Alta.
“Esa situación va a permitir, según mi criterio, que mañana (viernes) nosotros podamos tener un legajo de modificaciones que a su vez combinen con la mejoría que tenemos que dar a todos los aspectos del código penal, incluyendo las mejorías de las penas que se están uniformizando, tipos penales, así como también algunos que se quedaron afuera y otros incompletos…”, comunicó Pacheco durante la sesión.
Pero los diputados solo lograron aprobarlo en primera lectura y dejarlo sobre la mesa, hasta tanto sea resuelta la división generada por el documento legislativo.
Los diputados que representan a la Cámara Baja ante la PGR son los siguientes: Wandy Batista, Eugenio Cedeño, Mayobanex Martínez, Carlos de Pérez, Carolina Mercedes y Sandro Sánchez, garantizando con estos integrantes una cuota a las principales bancadas políticas.
No obstante, otros senadores se han unido a los encuentros, ya que, en caso de ser aprobada en segunda discusión por los diputados, estos deberán conocer el proyecto en una única lectura.
De lo contrario, no podría ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, tras convertirla en ley.
El proyecto elaborado por el senador Rogelio Genao no contempla la eliminación de las sanciones para quienes realicen la interrupción al feto en las tres causales: Estas se registran cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, al igual que en los casos en los cuales la vida del feto o la madre sea inviable.
Pero, a diferencia del conjunto de leyes actual originado en el año 1810, este contiene un eximente que sí permite al personal médico realizar este tipo de operaciones para terminar con la vida de la criatura.
“La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”, indica el párrafo del artículo 112, titulado “Eximente”.
Dentro de las tipificaciones que serían adicionadas está la acumulación de penas; el terrorismo, sicariato, genocidio; infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad; desaparición forzada de personas; feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida; inducción al suicidio, cooperación al suicidio; daños con sustancias químicas (ácido del diablo).
Además, el trato cruel, inhumano o degradante; robo de identidad, robo de identidad agravado; perturbación telefónica; difusión de audio e imágenes sin consentimiento; divulgación de información secreta; captación y uso de datos personales; estudios genéticos sin consentimiento; manipulación ilícita de genes; fecundación de óvulos para fines distintos a la procreación; reproducción asistida no consentida; actividad sexual no consentida.
Por último, participación de grupos en infracciones muy graves de guerra; negligencia o imprudencia en el control de los subordinados; atentado imprudente contra la vida; responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida; bullying, bullying agravado; operaciones comerciales con niños y adolescentes. Al igual que responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.
 

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