RD volvería al Código Procesal Penal del 2002, si Congreso Nacional no adecúa ley antes de enero

En febrero de 2015, República Dominicana recibió una nueva ley, bajo la numeración 10-15, que modificó el marco establecido para el Código Procesal Penal (CPP) del país, el cual no había sido actualizado desde el año 2002.
Pero, el Tribunal Constitucional (TC) decidió años después, en diciembre de 2024, a través de una sentencia, declarar inconstitucional el proyecto convertido en ley por los legisladores y promulgado en el Poder Ejecutivo, tras haber detectado en su contenido vulneraciones a principios dictados en la norma suprema, así como irregularidades en el trámite legislativo.  
El dictamen TC/076524 de la alta corte colocó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa con el objetivo de subsanar la situación “de inconstitucionalidad formal que afecta a la Ley 10-15”. Sin embargo, en caso de que el Poder Legislativo no acate el mandato constitucional, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos que fueron reformados en la última modificación realizada a la Ley 76-02. Además, República Dominicana retrocedería al año 2002, viéndose obligada a utilizar el antiguo documento procedimental en las instancias del Poder Judicial.
“Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal”, decidieron los magistrados el 6 de diciembre del pasado año.
Hasta el momento, los congresistas solo han podido saldar la deuda de actualizar el Código Penal, el cual entrará en vigencia el 3 de agosto del próximo año. Esta es la parte sancionadora, la cual tipifica los delitos registrados en el territorio nacional, mientras que el Código Procesal Penal, como su nombre lo indica, regula la manera en que se aplican las sanciones.
Mientras tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República tiene la responsabilidad de estudiar desde hace más de dos meses un proyecto que podría resolver los fallos constitucionales, evitando devolver al país a la aplicación de un Código Procesal Penal elaborado hace más de 20 años.
Con el tiempo a contrarreloj, el presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, informó que se están preparando para enviar el proyecto de ley final consensuado a las entidades vinculadas al uso del conjunto de leyes sobre los mecanismos punitivos.
El congresista explicó que el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, otras representaciones del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la escuela de derecho de las principales universidades del país podrán presentar sus observaciones después de recibir la pieza elaborada por los representantes de la comisión senatorial.
“Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…”, dijo al ser entrevistado por reporteros de los medios de comunicación.

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