Senado aprueba ley para reconocer y saldar deudas históricas con contratistas del Estado

El Senado de la República aprobó este sábado, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.
Romero explicó que la legislación, declarada de urgencia, responde a una realidad humana de contratistas que ejecutaron obras hace años sin recibir respuesta del Estado, pese a haber cumplido con su trabajo.
En ese sentido, afirmó que el proyecto “le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad”, ya que busca verificar lo ocurrido durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no pagadas.
“Honra la memoria de muchos contratistas que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos”, enfatizó.
De igual manera, el presidente del Senado y representante de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, reconoció la situación de numerosos contratistas, recordando que muchas obras ejecutadas en su demarcación hace años aún no han recibido el reconocimiento económico correspondiente por parte del Estado.
El proyecto fue presentado al pleno por el presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, quien solicitó que la iniciativa fuera acogida con carácter de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa fue conocida en sesión extraordinaria, con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin la suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras ejecutadas por los ministerios de Obras Públicas (MOPC) y Educación (Minerd), así como por el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Asimismo, se incluyen el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.

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