El Estado se rehúsa a indexar los salarios, pero permite un descontrol en los sueldos públicos

El Estado dominicano incumple por partida doble las reglas de los salarios en el país: mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta (ISR), que afecta a los trabajadores de menor ingreso, también deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial. 
Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición, como forma de presionar al oficialismo, depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 11-92. 
De lograr su propósito, y cumplirse la normativa, la retención del ISR aplicará este año a partir de los sueldos de 52,000 pesos, y no desde los 34,685 pesos como ocurre desde el 2017. El Gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de 25,000 millones de pesos al año.
A inicios de la década del 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en el 2012.
Pero, en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández la devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina. 
En una carta remitida a Abel Martínez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba con la Constitución. 
Sin embargo, haciendo uso de su facultad legislativa, el Congreso Nacional —dirigido por el danilismo en ese entonces— ignoró las observaciones de Fernández y en el 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13.
A los seis meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años después este aún no ha sido aprobado.
La ley fija el salario del presidente en 450,000 pesos mensuales, y el de la vice, junto con los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y los jueces del Constitucional, en 400,000 pesos.
Los sueldos de los presidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la Junta Central Electoral (JCE) están en 375,000 pesos, mientras que el del titular de la Cámara de Cuentas, es de 350,000 pesos.
En cuanto a los ministros, el procurador, el contralor y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el salario fue establecido en 300,000 pesos. El Defensor del Pueblo percibe 250,000 pesos al mes.
La ley establece que la escala salarial de los funcionarios de alto nivel será establecida por un reglamento pendiente de aprobar. En el caso de los organismos autónomos de naturaleza financiera, la escala será establecida por una resolución coordinada con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y sujeta a la aprobación del presidente.
Sin embargo, al revisar las nóminas estatales, se observa que al menos nueve funcionarios perciben salarios superiores al del jefe de Estado. 
En el caso de las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas –adscritas al Ministerio de Hacienda–, así como la de Alianzas Público-Privadas, bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia, sus titulares perciben salarios superiores a los 500,000 pesos, mientras que los ministros de los que dependen devengan 300,000 pesos.
Estas anomalías violan el artículo 5, que establece que ningún servidor público podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado.
Otro precepto en la ley es que la asignación de combustible no debe ser mayor al 10 % del salario, con excepción del presidente y el vicepresidente de la República. Para las demás instituciones se ordena establecer un reglamento.
No obstante, auditorías realizadas en el 2022 por la Cámara de Cuentas y la Contraloría evidenciaron que instituciones manejaron millones de pesos de forma discrecional, otorgando bonos de combustible a personas cuyos cargos no están facultados por la ley.
Ni Danilo Medina ni su sucesor Luis Abinader, hasta este momento, promulgaron el reglamento de aplicación. En el 2024, el entonces titular del MAP, Darío Castillo, indicó que en el 2022 había enviado la redacción de una propuesta de reglamento a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
No obstante, ante las "dificultades que tiene (la ley) para su aplicación", dijo que se optó por depositar un anteproyecto para modificarla, pero aún no ha llegado al Congreso.
La nueva propuesta elimina los topes salariales y establece que se determinen en función de los sueldos mínimos.

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