Industriales y empresarios desaprueban modificación de urgencia de la Ley de Residuos Sólidos

En dos lecturas consecutivas fue aprobado el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos y, para la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el hecho genera preocupación por el aumento de precios de hasta un 100% realizado en menos de un año a las tarifas que las empresas van a pagar por los residuos.
“Ha causado gran preocupación entre todos los socios de la industria y no solamente entre los socios, entre todo el empresariado dominicano, porque esto implica una elevación de precios, óiganlo bien, de un 1,000% en los precios de las tarifas que tienen que pagar las empresas para los residuos, en otras palabras, para la basura”, indicó el presidente de la AIRD, Julio Brache.
El ejecutivo aseguró que la ley tiene una implicación desconocida para los gremios afectados porque desconocen por completo de dónde se han sacado las cifras para las tarifas aplicadas sin utilizar estudios o criterios económicos que valoren y respalden las cifras contempladas en la ley.
Para contexto general, el reglamento establece que las empresas o entidades que reporten anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán dar una contribución especial obligatoria con el fin de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y así desarrollar un sistema integral de gestión en los mismos.
Los aportes están determinados según sus ingresos correspondientes al ejercicio fiscal, oscilando desde los RD$3,500.00 hasta RD$675,000.
Al explicar que esta ley fue autorizada “al vapor”, Brache sostuvo que tanto los grandes, medianos y pequeños empresarios se verán afectados ante los aumentos, mostrándose especialmente angustiado ante el impacto que esto llevará a los precios del comercio en general.
Lo que han hecho con esta ley, no han medido el impacto que esto va a tener en los alimentos, en la canasta básica y en otros productos; si lo que queremos es controlar la inflación, esta ley no contribuye a controlar la inflación. Esto es lo que contribuye más a elevar esa presión y ya las empresas no pueden continuar absorbiendo los precios con magnitudes de aumento de 1000% en este tarifario que tenemos para recoger la basura, los residuos sólidos”, advirtió.
A sus declaraciones agregó que el sector solicitará al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abrir un espacio de diálogo antes de que el proyecto sea aprobado de urgencia, como fue declarado.
El vicepresidente de la AIRD, Mario Pujols, se mostró sorprendido por la aceptación de la reforma legislativa, recordando que esta fue modificada por última vez en diciembre del año pasado, un periodo de dos meses, argumentando que se trata de una situación donde no hay estabilidad regulatoria.
“No hubo ningún tipo de espacio de consulta previa en donde no solamente los impactados no fuimos invitados, sino que tampoco el órgano rector del tema medioambiental en el país, que es el Ministerio de Medioambiente, no fue convocado, como tampoco fue convocado el órgano de este marco legal, que es el fideicomiso de los sostenibles”, expresó, además de añadir que aún no logran identificar si se utilizaron componentes o informaciones de algún estudio o análisis de impacto regulatorio.
Hasta el momento, su posición como industriales será dar seguimiento a lo desarrollado, procurando abrir un espacio de concertación para ser escuchados desde un punto de vista técnico, al analizar que el marco legal mantiene un margen considerable de mejora técnica.
Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el acontecimiento constituye una acumulación de reformas que impactan directamente a quienes sostienen la economía real con nuevas cargas fiscales, modificaciones laborales desequilibradas y obligaciones desproporcionadas vinculadas a la gestión de residuos sólidos.
Aunque aclararon que cada uno de estos elementos por separado puede tener objetivos legítimos, su acoplamiento demuestra que la forma de legislar se basa en creer que las empresas pueden cargarlo todo.
Ninguna reforma debe construirse de espaldas a quienes generan empleo, invierten y cumplen. No se fortalece el país debilitando a quienes producen. No se promueve la formalidad, haciendo más pesado ser formal. No se protege el empleo encareciendo la contratación. No se cuida el ambiente partiendo de cargas igualitarias a quienes dejan huellas distintas”, aclararon.
Por esta razón, hicieron un llamado a los legisladores del oficialismo a replantear la forma y la velocidad con que se están aprobando estas reformas, recordándoles que detrás de cada empresa hay familias, empleos, deudas, proveedores, sueños y jóvenes, instándolos a actuar con mayor responsabilidad.
La Federación Dominicana de Comerciantes, por medio de su presidente Iván García, manifestó su respaldo al considerar que la iniciativa favorece el desarrollo y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, afirmando que los cambios introducidos a la legislación benefician de manera directa al 98.6 % de las empresas formales registradas.
“Va a fortalecer la competitividad de las mipymes en el país. Serán las mayores beneficiadas con esta ley porque la anterior castigaba a las mipymes en el país e iba a impedir la formalización de las mismas”, sustentó.
Valoraron la decisión adoptada por el Senado solicitando su aprobación para convertirla en ley y que el presidente realice la promulgación, tomando en cuenta que el plazo para el pago de la contribución voluntaria obligatoria de los residuos sólidos se vence este martes 30 de junio.

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