EL SALVADOR: Estado de excepción hasta acabar las maras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo la noche del martes que el régimen de excepción en El Salvador no se levantará «antes de acabar la guerra contra las pandillas», pero indicó que «no esperamos que dure una década».

Esta declaración fue en respuesta a una pregunta en la que se le consultó en conferencia de prensa sobre su opinión sobre la postura de Estados Unidos de que el régimen, que suspende derechos constitucionales, es una política «insostenible».

«Evidentemente el régimen de excepción es de excepción, no va a durar para siempre» y «no esperamos que dure una década, pero tampoco los vamos a quitar en dos, tres meses antes de acabar la guerra contra las pandillas», dijo el mandatario.

PANDILLAS SON «CANCER»; GUERRA GOBIERNO, «QUIMIOTERAPIA»

Bukele agregó que «las pandillas son como un cáncer con metástasis» y que el régimen de excepción y la «guerra contra la pandillas» es la quimioterapia.

También dijo que las pandillas son un «enemigo» que está «adentro de las comunidades» y «adentro de la misma población».

«Con la quimioterapia, llamémosle a la guerra contra las pandillas, pues lo estamos debilitando y ustedes han visto cómo ha caído la violencia y la actividad pandillera», agregó.

Para el mandatario, si se suspenden las medidas excepcionales el fenómeno de las pandillas va a «volver a crecer, va a ser mayor que el 100 % que era y lo peor de todo es que va a ser resistente a la quimioterapia».

Antes de concluir su misión como encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Patrick Ventrell, dijo que «el régimen de excepción no puede seguir para siempre y en una democracia todas las personas acusadas de un crimen deben ser procesadas con un sistema de justicia transparente».

El régimen de excepción se adoptó después de que el último fin de semana de marzo una ola de asesinatos se cobrara la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas.

Una investigación del medio salvadoreño El Faro señala que esta escalada de asesinatos se dio tras la supuesta ruptura de una pacto entre el Gobierno y estas bandas, sin que el presidente o las autoridades hayan respondido a esta acusación.

Son más de 43.000 las personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, y las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por «detenciones arbitrarias».

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Nj productora