A partir del 2 de enero de 2026, los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros deberán presentar de forma obligatoria la "Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras" para poder participar en procesos de licitación pública.
La medida fue anunciada a través de una nota de prensa de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras la firma de un acuerdo. 
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es garantizar que quienes suplen bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable.
"Es otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable", afirmó Sanz Lovatón.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel afirmó que la medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública.
"Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, destacó.
Indicaron que la nueva disposición está prevista en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas. La certificación será emitida únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
En los casos en que el proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos.
Además, deberá mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para facilitar la verificación, la DGA pondrá a disposición un portal de consulta en línea donde se podrá ingresar el número de cédula o RNC del proveedor para confirmar si figura como contribuyente aduanero.
Finalmente, ambas instituciones informaron que emitirán una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, tanto financieras como no financieras, recordando la obligatoriedad de esta certificación para todos los procesos de contratación pública.

 

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