El Congreso rescata la ley de aguas que el Gobierno olvidó

Diez meses después de que el presidente Luis Abinader anunciara que enviaría al Congreso un proyecto de ley de aguas para la administración del recurso hídrico, la promesa sigue sin cumplirse.
Ante la falta de acción del Poder Ejecutivo, el Congreso decidió tomar la iniciativa y actualmente las comisiones legislativas estudian tres proyectos de ley para regular el uso y gestión del agua, una tarea que en principio fue prometida por el Gobierno.
De los tres proyectos, dos están en una comisión del Senado y fueron presentados por los legisladores Gustavo Lara y Manuel María Rodríguez. El otro está en la Cámara de Diputados y fue propuesto por el congresista Juan Agustín Medina.
El primer proyecto, propuesto por el senador Lara, establece los principios y objetivos del sector del agua, incluyendo la formulación de políticas públicas, la planificación y financiamiento del sector, la coordinación de proyectos normativos, la adopción de normas sectoriales y la elaboración de planes indicativos para lograr un funcionamiento eficiente tanto en zonas urbanas como rurales.
El artículo ocho de la iniciativa aclara que la formulación de políticas y la planificación sectorial es responsabilidad exclusiva del Gobierno, aunque permite mecanismos de participación de gobiernos locales, organizaciones comunitarias y la sociedad civil, sin delegar competencias.
El segundo proyecto, propuesto por el senador Rodríguez, crea el Sistema Nacional de Agua Potable y Saneamiento con el objetivo de garantizar a todos los habitantes del país acceso a servicios de agua potable y saneamiento de calidad. El sistema se estructuraría en cuatro niveles: rectoría, regulación, prestación de servicios y usuarios.
El nivel de rectoría, de acuerdo con la pieza, está encabezado por el Ministerio de Salud Pública que coordina las políticas sectoriales, autoriza licencias y supervisa el desempeño de los prestadores. Además, se crea un Consejo Consultivo del Sistema, integrado por representantes de ministerios clave e instituciones del sector, con la misión de socializar y consensuar las políticas públicas.
El proyecto también regula la función de rectoría sectorial que incluye la formulación de políticas, planificación, supervisión de programas, coordinación con instituciones, gestión financiera, asistencia técnica y autorización de intervenciones en agua potable y saneamiento.
El tercer proyecto, que se encuentra en la comisión de Asuntos Hídricos de la Cámara Baja, es similar al que último que estudia al Senado.
Ninguno de los proyectos ha avanzado en las comisiones, a pesar de que se han depositado en marzo y en junio de este año. En caso de que no se aprueben en la actual legislatura que concluye el 12 de enero del 2026, perderían su vigencia.
 

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