JCE advierte que recorte a partidos afectaría la organización financiera, operativa y logística

La Junta Central Electoral expresó este viernes su postura ante la propuesta de reducir el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que la medida podría afectar la certidumbre jurídica y el funcionamiento del sistema electoral.
Mediante un comunicado de prensa, la institución recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como 2026, la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, indicó que la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, promulgada en fecha 16 de diciembre de 2025, consignó una asignación equivalente al 0.12 %, monto que representa menos de la mitad de lo contemplado en la legislación vigente.
Según la JCE, una nueva reducción presupuestaria afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y las obligaciones que han contraído con base en la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y de la Resolución 01-2026, del 15 de enero de 2026.
El organismo electoral sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral y afirmó que una disminución adicional de los recursos podría incidir en principios como la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica.
La entidad recordó además que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le atribuye la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas, así como supervisar el uso del financiamiento en los procesos electorales.
En ese sentido, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral.

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