Experto colombiano propone un Código de Convivencia para frenar delitos en RD

La implementación de un Código de Convivencia Ciudadana que permita resolver de forma administrativa los conflictos sociales antes de que escalen a delitos graves fue una de las principales recomendaciones planteadas por el concejal de Bucaramanga (Colombia), José Cabanzo, durante un encuentro con periodistas locales.
Cabanzo, junto al comisionado ejecutivo para la Reforma Policial en la República Dominicana, Luis Ernesto García, compartió la experiencia del país suramericano en la aplicación de mecanismos orientados a prevenir la violencia, descongestionar los tribunales y fortalecer el vínculo entre la civilidad y los cuerpos del orden.
Los expertos explicaron que la clave del éxito radica en identificar el origen de las disputas comunitarias y desarrollar una legislación especializada que las atienda de forma independiente al código penal.
“Lo más importante es entender de dónde nacen los delitos; muchas veces surgen de un conflicto vecinal o local que el Estado no atendió a tiempo”, afirmó Cabanzo.
Figura del "inspector de policía" y los gestores
Como eje de la experiencia colombiana, se destacó la Ley 1801 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la cual creó un procedimiento administrativo ejecutado por "inspectores de policía".
Estos actúan como una especie de jueces comunitarios que evalúan las actas de infracción impuestas por los agentes y determinan si corresponden multas económicas o medidas educativas, evitando que las faltas menores saturen el sistema judicial penal.
Asimismo, resaltaron el impacto de los “gestores de convivencia”, personal que sirve de enlace directo entre los barrios, las alcaldías y la policía. Estos equipos recorren los sectores para mediar en dilemas vecinales cotidianos y coordinar respuestas institucionales preventivas.
"Asignamos un gestor a cada comuna para entender de primera mano las problemáticas de cada territorio", detalló el concejal.
Al evaluar el contexto dominicano, Cabanzo aseguró que el país cuenta con una oportunidad histórica y con la voluntad del Gobierno central para estructurar un andaje institucional preventivo.
"La República Dominicana necesita una Ley de Convivencia que no solo establezca un catálogo de comportamientos prohibidos, sino un procedimiento administrativo ágil para procesarlos con multas y consecuencias claras", argumentó.
Finalmente, el especialista valoró como un avance trascendental la reciente incorporación de cámaras corporales (bodycams) en las patrullas del nuevo modelo policial dominicano, señalando que el uso de esta tecnología es clave para blindar la transparencia operativa, auditar los estándares institucionales y reducir de forma drástica los espacios para la corrupción.

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