Sindicalistas divididos ante propuesta para cobro por daños viales

La propuesta presentada por el Defensor del Pueblo para crear una mesa técnica que asuma la responsabilidad por los daños materiales derivados de los siniestros viales ha generado opiniones encontradas entre los principales líderes de los sindicatos del transporte y expertos en movilidad del país.
La iniciativa institucional surgió en respaldo al editorial de Listín Diario titulado “La pandemia vial que nos azota”, el cual expuso las millonarias pérdidas que causan los choques a las redes de transmisión de las distribuidoras de electricidad y al mobiliario urbano nacional.
Aunque la propuesta es bien valorada por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la entidad advirtió que el planteamiento requiere mayor claridad normativa. El vicepresidente de Conatra, Tony Marte, señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe integrar obligatoriamente dicha mesa para responder por el deterioro de las infraestructuras viales.
“Valoramos la posición, pero no se puede determinar el cobro a quien cause el daño sin antes investigar el origen del hecho. Esa mesa técnica debe evaluar quién se hace responsable de los daños que sufre un vehículo, sea público o privado, cuando el accidente es provocado por una carretera en mal estado o sin señalización. Abordar esto exige un levantamiento completo de la seguridad en las autopistas”, aseveró Marte.
Por su parte, Mario Holguín, presidente de la Fundación Red de la Dignidad (FundaReD), aseguró que se necesita con urgencia una campaña pedagógica nacional que clarifique los alcances de la iniciativa. Holguín hizo un llamado directo al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para que asuma su rol de rector de la movilidad conforme a la Ley 63-17.
Asimismo, planteó que una sugerencia de esta envergadura debe integrarse formalmente al Pacto Nacional por la Seguridad Vial —lanzado en noviembre de 2024 con la meta de reducir las muertes por accidentes en un 50 % para el año 2030—. “Primero hay que hacer una evaluación económica real de cuánto le cuestan al Estado todos estos daños al año, analizar el marco legal y establecer un seguimiento riguroso para que la propuesta no se quede en el papel”, argumentó el especialista.
Desde otra perspectiva, Williams Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), consideró que el planteamiento del Defensor del Pueblo robustece la propuesta de su gremio de estructurar un frente nacional que consolide una verdadera política de Estado en seguridad vial. “Esto se inscribe dentro de lo que hemos venido planteando para que tengamos una mejor ciudad y seamos mejores ciudadanos”, concluyó. 

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