Haitianos en RD denuncian el "arrecio" de operativos migratorios ilegales

La comunidad haitiana en República Dominicana denunció este miércoles "la intensificación de las violaciones graves de derechos humanos" en operativos migratorios "ilegales de detención y expulsión masiva" por parte de las autoridades dominicanas desde el cierre fronterizo hace casi un mes.

Por disposición del presidente Luis Abinader, el 15 de septiembre pasado quedó bloqueada la totalidad de la frontera entre los dos países, una de las medidas adoptadas en represalia a la construcción de un canal de riego en el lado haitiano del fronterizo río Masacre, que recibe el nombre de río Dajabón del lado dominicano.

Desde entonces, según señaló el colectivo en un comunicado, han arreciado las expulsiones forzosas de personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida, derivadas del "modus operandi de perfilamiento racial" de las autoridades dominicanas.

"Esta semana el gobierno dominicano hizo un anuncio en falso de que reabrirá la frontera y luego anunció el endurecimiento de las medidas", excepto por la aplicación de corredores comerciales para la exportación de productos esenciales, bajo estrictas medidas de seguridad, y se mantiene indefinidamente el cierre de la frontera con fines migratorios y la no emisión de visas.

Efectivamente, este miércoles se abrió la frontera con fines comerciales en los diferentes pasos, pero en Dajabón (norte) se produjo con retraso sobre la hora prevista, las 8:00 de la mañana, a causa de un incendio en las instalaciones del mercado binacional, cuyas causas se investigan.

El incendio, apuntó el colectivo, estuvo antecedido "por amenazas públicas de grupos de ultraderecha" que afirmaron "que no permitirían la reapertura de la frontera a nivel comercial".

La organización reiteró su rechazo "al discurso de odio del gobierno dominicano que presenta a los trabajadores migrantes haitianos como una carga para el Estado”, una "mentira repetida hasta la saciedad" y usada "para justificar la violencia racista contra los inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana".

Esto, a pesar de que "la fuerza de trabajo inmigrante aporta entre el 7 y el 9,5 % del PIB dominicano" y aportan a las arcas del Estado tributos directos e indirectos, señaló el colectivo, que reclamó "todos los derechos laborales reconocidos internacionalmente y en las leyes dominicanas", así como "canales abiertos para la regularización migratoria".

"Intentar capitalizar electoralmente los prejuicios raciales de un sector de la población con medidas de persecución y discursos de odio es una apuesta arriesgada y éticamente condenable", señaló el colectivo en referencia a las medidas, tomadas en víspera de año electoral.

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