Nuevo golpe sume a Sudán en la incertidumbre en plena transición

El Ejército de Sudán ha dado este lunes un golpe de Estado que materializa el repunte de las tensiones políticas durante las últimas semanas y que supone un duro varapalo al proceso de transición abierto en 2019 tras el derrocamiento en otra asonada del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir.

Sudán contaba hasta ahora con unas autoridades de transición que salieron de un acuerdo entre militares y civiles tras el derrocamiento de Al Bashir y que habían puesto en marcha una batería de reformas e incluso logrado un histórico acuerdo de paz en octubre de 2020 con algunos de los principales grupos rebeldes del país.

Asimismo, las autoridades de transición lograron un acuerdo para la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de Al Bashir y otros acusados de crímenes de guerra y contra la Humanidad durante el conflicto en Darfur, sin que hasta ahora se haya materializado.

Sin embargo, los dos últimos años han estado marcados por diversas tensiones entre los componentes civiles y militares de las autoridades –representadas principalmente en el Consejo Soberano de Transición y el Gobierno, encabezado por Abdalá Hamdok– debido a las diferencias de opinión sobre las prioridades o los ritmos del proceso de transición.

Uno de los primeros rifirrafes tuvo lugar a principios de 2020 a raíz de un encuentro en Uganda entre el presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, y el entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrada sin conocimiento previo del Ejecutivo y en el que las partes acordaron estrechar sus lazos.

Las críticas desde el Gobierno en un momento en el que Sudán e Israel no contaban con relaciones diplomáticas –normalizadas a final de año a través de los ‘Acuerdos de Abraham’– fueron finalmente selladas con un acuerdo para mejorar la coordinación y después de que Al Burhan reconociera que se había excedido en sus competencias.

A pesar de ello, las relaciones han estado marcadas por las críticas sobre las competencias de los civiles y los militares, situación que repuntó tras la remodelación del Gobierno en febrero para dar cabida a los grupos rebeldes firmantes del acuerdo de paz de 2020 y las protestas en el este del país.

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Nj productora