Presidente de la JCE y fiscal tratan sobre los delitos electorales

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, y el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas, se reunieron la tarde de ayer para pasar balance a las pasadas elecciones municipales. La reunión entre ambos se efectuó en el despacho del presidente del órgano electoral, en la sede central de la JCE, donde conversaron sobre los crímenes y delitos electorales.
Desde la noche del pasado 18 de febrero, cuando se celebraron las elecciones municipales, los observadores electorales nacionales e internacionales han ido rindiendo sus informes sobre el proceso.
En estos informes se destaca la buena organización del proceso electoral, felicitando a la Junta Central Electoral por la jornada, la cual calificaron de exitosa y de consolidación de la democracia.
Algunos observadores electorales han resaltado la necesidad de combatir los crímenes y delitos electorales que todavía persisten, como la compra y venta del voto y de cédulas.
El presidente de la JCE dijo que cada recomendación que sea de competencia del órgano electoral y sea de mejora para la institución y el fortalecimiento de la democracia, será tomada en cuenta para las elecciones del próximo 19 de mayo de 2024 y de una posible segunda vuelta en junio.
El titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales, Feliz Vargas, dijo esta semana que la entidad está realizando investigaciones sobre denuncias de delitos electorales cometidos durante las elecciones municipales del pasado domingo.
Sostuvo que actualmente estaban evaluando los datos recibidos de las fiscalías del territorio nacional, pero que oportunamente se darán los detalles para no entorpecer el procedimiento.
Manifestó que el ministerio público, a nivel nacional, estuvo trabajando durante las elecciones a la espera de recepción de denuncias por parte de los partidos políticos, de la Junta Central Electoral (JCE) y los particulares.
El procurador de Corte dijo que, de igual forma, 125 fiscales a nivel nacional estuvieron trabajando de la mano con la Policía Militar Electoral para las elecciones, en los 158 municipios.
“Hay algunas denuncias que se están trabajando en las fiscalías, que oportunamente se les darán los detalles para no entorpecer el procedimiento”, adujo Feliz Vargas.
Se informó que las quejas que se presentaron tienen que ver con compra de votos y de cédulas, delitos que conllevan penas de hasta tres años de prisión.
La antigua Ley Electoral encargaba al Tribunal Superior Electoral (TSE) de juzgar los delitos electorales, pero la nueva norma, la 20-23 del Régimen Electoral, transfirió esta responsabilidad a los tribunales ordinarios. Este texto condena con pena de uno a tres años de reclusión a los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducir a votar de una manera determinada.

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