Senado contempla eliminar en Ley las candidaturas independientes

En el Congreso Nacional se analiza con seriedad la idea de eliminar de la Ley Electoral lo relativo a las candidaturas independientes.
La lógica simple jurídica para tales insinuaciones es que la Constitución de la República no contempla candidaturas independientes y se sustenta en los partidos políticos como vía para la elección de cargos congresuales, municipales y de nivel presidencial.
El interés es buscarle una salida rápida a la Sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional que, como organismo superior, impuso la necesidad de que, por vías administrativas, la Junta Central Electoral garantice la participación de candidaturas independientes, ya que la Ley Electoral no dice cómo ajustar dicha participación aunque menciona la modalidad.
El interés de eliminar las candidaturas independientes es tan serio, que en la sesión ordinaria del Senado del martes, los senadores votaron a favor de desapoderar a la comisión de justicia de la Cámara Alta de un proyecto para estos mismos fines que había sido sometido por el senador Rogelio Genao.
Este había confirmado que la inclusión de las candidaturas independientes en la Ley Electoral 20-23 se trató de un error y que, por consiguiente, como dicha modalidad no es contemplada en la Constitución, simplemente pueden eliminarla.
Según el mismo Genao, jueces del Tribunal Superior Electoral habían validado esa propuesta, por lo que pidió que se conociera de inmediato. pero una intervención astuta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y del senador Cristóbal Venerado Castillo, impidieron que la iniciativa fuera finalmente votada argumentando que necesitarían un consenso con la Cámara de Diputados.
Error de la candidatura
El error de las candidaturas independientes, del que hablan algunos senadores, está expresado en todo un capítulo (III) de la Ley 20-23 de régimen electoral, tres artículos (156, 157, 158) y cinco párrafos.
Tiene una declaración que indica que podrán ser presentadas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección.
Indica fecha de presentación de esas propuestas (75 días antes de la elección), habla de formar una elección de cuadros similar a los partidos políticos, aunque no necesariamente ser uno de ellos.
Las intenciones de eliminar las candidaturas independientes también es compartida por diputados.
Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana y cuya experticia es precisamente los temas electorales, ha dicho que no existe impedimento alguno para que cualquier ciudadano pueda presentarse como candidato por una de las organizaciones políticas reconocidas por la JCE.
Y parece tener razón, República Dominicana tiene casi cuatro decenas de organizaciones políticas (34 partidos y siete movimientos), muchos de los cuales, se dedican a captar candidatos ante la ausencia de militantes cualificados.
Pero estamos conscientes de que es poco probable que senadores y diputados se arriesguen a eliminar las candidaturas independientes aunque ese sea su deseo, pero en cambio, han retomado la idea de una regulación compleja.
El tema que se debate en estos momentos en la comisión que preside Elías Wessin Chávez es la cantidad representativa de firmas para obtener una validación de candidaturas independientes.
El proyecto original de la JCE decía que se lograría una candidatura independiente con el 2 % de electores que participaron en la última elección.
Pero, considerando la poca participación ciudadana en procesos como las municipales y la poca cantidad de electores en algunas demarcaciones, un 2 % no sería realmente representativo y podrían desbordarse la cantidad de candidatos independientes.
En su más reciente visita a la Cámara de Diputados para debatir el tema, la Junta Centra Electoral presentó a modo de comparación el caso de Panamá, donde se realiza una cuota proporcional llegando la exigencia en algunas demarcaciones, a ser de hasta un 15 %.
—1— “Peligro”
Algunos legisladores consideran que la Sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional pone en riesgo al sistema político de partidos y la democracia.
—2— Otra legislatura
El senador Cristóbal Venerado Castillo solicitó una votación para que el proyecto quedara sobre la mesa y fuese abordado en una próxima sesión del pleno.
Aprobación. El senador Rogelio Genao aseguró que el propio Tribunal Constitucional se ha arrepentido de la sentencia que abrió paso a la regulación de las candidaturas independientes en República Dominicana, afirmando que dicha decisión ha puesto en riesgo la democracia y el sistema de partidos del país.
Durante una intervención en la sesión del Senado, Genao reiteró su postura en contra de las postulaciones fuera de los partidos políticos, al considerar que estas representan una amenaza para la estabilidad institucional construida en los últimos 70 años.
“La Sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional pone en riesgo al sistema político dominicano de partidos y a nuestra democracia”, expresó el legislador.
Abinader emite decreto que crea la comisión consultiva para el estudio de leyes migratorias
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 268-25 que crea la comisión consultiva para el estudio del marco jurídico migratorio de la República Dominicana, informó la noche de este miércoles la Presidencia.
La comisión deberá, posteriormente, presentar al Poder Ejecutivo sugerencias producto del análisis realizado.
La designación de la comisión forma parte de las 15 medidas migratorias que anunció el jefe de Estado hace varias semanas con el propósito de hacer frente a la migración irregular a territorio dominicano. La encabeza Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional.
"Dicha comisión es temporal y tiene carácter honorífico", refiere el artículo 5 de la norma presidencial.
"Concluyendo las funciones de la misma con la culminación del objeto del presente decreto", dice el texto.
En uno de sus considerandos dice que por la República Dominicana compartir la isla con Haití, "se hace indispensable la formulaci6n de un marco regulatorio claro, moderno y cónsono con las exigencias de la vida económica y social del pueblo dominicano, y el respeto de la soberania nacional, en absoluto respeto de los derechos fundamentales".
También refiere que "el Poder Ejecutivo ha tomado una serie de medidas con la finalidad de fortalecer los mecanismos institucionales para frenar la inmigración irregular al territorio nacional, siendo una de ellas el estudio y revision del marco juridico en materia migratoria para la elaboraci6n de una serie de propuestas que culminen en la modernizaci6n y actualizaci6n de dichas normas".
El decreto fue emitido este miércoles 21 de mayo.
El artículo 3 del decreto indica que la dependencia funcional de la comisión consultiva será al presidente de la República y su adscripción administrativa será al Ministerio de la Presidencia.
 

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