Los Gobiernos de la República Dominicana y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento con una duración inicial de cuatro años prorrogables, para avanzar en la conservación de la biodiversidad, la protección del medioambiente y la lucha contra la crisis climática.

La firma del acuerdo se realizó el pasado miércoles en Ciudad de Panamá, entre el Ministerio de Ambiente de Panamá y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Este instrumento busca fortalecer la cooperación ambiental entre ambos países ante los crecientes retos del cambio climático.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, calificó el memorándum como “un paso significativo en nuestra diplomacia ambiental regional”. Añadió que la cooperación entre Panamá y República Dominicana “no solo es necesaria, sino estratégica” frente a los desafíos ambientales compartidos.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente dominicano, Paíno Henríquez, destacó la necesidad de una colaboración robusta en materia ambiental, que permita compartir experiencias exitosas, conocimiento técnico y avanzar conjuntamente hacia un modelo de desarrollo sostenible.

El acuerdo establece una hoja de ruta común para enfrentar desafíos ambientales compartidos como el deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas, la deforestación, la contaminación, la basura plástica, la gestión inadecuada de residuos y la amenaza creciente de fenómenos climáticos extremos, tales como incendios forestales y sequías.

La cooperación incluirá intercambio de conocimientos, cooperación técnica, investigación científica y la creación de mecanismos de financiamiento para fortalecer las capacidades institucionales de ambos países. Se contempla también el impulso de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, gestión forestal sostenible, uso eficiente del agua y la restauración de ecosistemas degradados.

El memorándum también prioriza el combate a la contaminación por plásticos, especialmente en ecosistemas marinos, así como la promoción de modelos de economía circular y el uso de tecnologías de observación de la Tierra para el monitoreo ambiental, la detección de prácticas ilegales como tala y pesca no autorizadas, y la respuesta ante emergencias ambientales.

Finalmente, el acuerdo contempla la elaboración de un plan de trabajo conjunto, con acciones específicas, metas claras, cronogramas definidos y mecanismos de seguimiento, así como la designación de un punto focal oficial encargado de coordinar su implementación.

La ejecución será progresiva y dependerá de la disponibilidad de recursos financieros, permitiendo además el acceso a fondos de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales, incluyendo esquemas de cooperación sur-sur, norte-sur y triangular.

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